La problemática del acceso a la compra de una casa habitación digna en México ha sido constante y creciente de acuerdo al aumento poblacional y a que las fuentes de desarrollo económico suelen centrarse en las zonas urbanas.
Con cada vez más familias buscando un hogar, las viviendas de interés social se han convertido en una solución que brinda espacios dignos a personas con ingresos bajos y han permitido el desarrollo económico en torno a las ciudades, logrando así la estructuración de zonas conurbadas.
Estabilidad
Al ser opciones asequibles que cuentan con todos los servicios públicos y con amenidades básicas para el desarrollo digno de las familias, estas casas le dan a sus habitantes seguridad, estabilidad y mejoras en el estado emocional. Cuando las personas no necesitan ocupar su tiempo en conseguir una casa pueden enfocarse en su crecimiento profesional y personal.
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Crecimiento económico
Las zonas en las que se ha construido un complejo de viviendas de interés social también presentan crecimiento económico desde la generación de empleos en la fase de construcción, hasta la demanda de bienes y servicios relacionados a las necesidades de las nuevas comunidades como: muebles, electrodomésticos, pequeños negocios de alimentos o servicios como asistencia mecánica, eléctrica y de albañilería.
Además, éstos nuevos complejos suelen involucrar la construcción de escuelas de nivel básico que atienden las necesidades de los niños y adolescentes de la comunidad y de otras comunidades cercanas.
Mejoras a la salud
Al mejorar su condición habitacional, las personas que compran una vivienda de interés social pueden evitar o reducir problemas de salud causados por haber sufrido condiciones precarias como: el hacinamiento, la falta de agua potable o servicios de saneamiento y la ocupación de construcciones fuera de regla que no cuentan con materiales aislantes que permitan un resguardo adecuado del clima y la intemperie.
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En conclusión, el desarrollo de viviendas de interés social sigue siendo un pilar fuerte en el ejercicio de los derechos humanos de los mexicanos, es un factor de inclusión social, desarrollo socioeconómico e impulso a la economía que necesita de la gestión adecuada tanto de organismos gubernamentales como de agentes del sector privado.